Campesinos y campesinas de todo el país están viviendo hoy, como hace décadas en Colombia, una violación sistemática a los DDHH y al reconocimiento de la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos. La crisis alimentaria, la destrucción/inexistencia de vías de acceso, la precariedad en la educación, salud y vivienda, sumadas a la persecución, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamiento masivo, más de 9,500 presos políticos, “falsos positivos” y muertes, hacen parte de las ya conocidas estrategias del poder hegemónico que ha ejercido el Estado colombiano sobre las miles de familias que viven del campo.
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