Por: International Action for Peace.
Las mujeres rurales en Colombia son las principales fuentes de la economía campesina, ella es la responsable directa de la producción, transformación y consumo nutricional de los alimentos para su familia, su comunidad y, por extensión, el país.
Si quieres datos estos son algunos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Del 46% de la población rural que vive en condición de pobreza el 70% de ellas son mujeres, y del 70% del total de las mujeres víctimas de la violencia por el conflicto armado, el 15,8% han sufrido violencia sexual, ¿quiere más?
Sigamos con los papeles: el artículo 236 de la Ley 731 por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales dice: Para la protección y garantía de los derechos de las mujeres rurales, el Gobierno Nacional formulará una política pública integral de Mujer Rural de forma participativa, coordinada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que tendrá en cuenta el enfoque el enfoque étnico, etario y territorial. Esta política pública estará orientada a superar las brechas urbano – rurales.
Si bien es cierto que sobre los papeles estos articulados existen y hay leyes, políticas, programas y convenciones internacionales a favor de las mujeres rurales, la realidad es que su implementación y aplicación, en Colombia se ha dado de una manera ineficaz, o directamente no se ha dado. Como muestra un botón: las mujeres no son consultadas en la construcción de políticas públicas que las beneficien y no son tenidas en cuenta en las instancias decisorias de la política agropecuaria, tal como se consagra en la Convención de las Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación.
Pero este círculo silencioso no se da solo en la parte más institucionalizada, que debería ser la primera en promover e implantar políticas transversales de género, sino que en las comunidades y Juntas Comunales siguen siendo muy pocas las mujeres que participan en ellas. Y es que la realidad es compleja, y una norma en sí misma no la cambia. Se necesita de una labor que descargue a la mujer rural de sus quehaceres diarios, que la eduque, que les de herramientas para su empoderamiento, para su autonomía, para reconocer en equidad su lugar en la comunidad, y es que no lo desechemos, la realidad en el campo colombiano es que las mujeres siguen expuestas a una estructura fuertemente patriarcal.
Sin embargo, en este círculo silencioso ya hay voces que se alzan. Son las jóvenes quienes están tomando el relevo a aquellas lideresas a las que IAP ha acompañado y que, como rara avis, ya han tomado los espacios de poder de los hombres, son los casos de Olga Quintero, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo y representante de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA); Doris Rivera, líder impulsora de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en el Nodo Oriente de ANZORC y presidenta de Aspromacarena, Carmenza Gómez presidenta de ANZORC o Irene Ramírez, presidenta de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), además de técnicas, universitarias y equipos de campo en los que la mujer ya se está visibilizando.
Pero no son las únicas que se empoderan. Poco a poco se escucha a las mujeres que asisten a asambleas, con sus críos, participan en marchas, organizan la logística, las finanzas, se sientan en la mesa de negociaciones… y ojalá en un futuro no tengamos que volver a oír eso de “qué verraca es esta mujer… pareciera un hombre” y podamos mirarnos sin comparar roles.
